MEGAMINERÍA EN CHUBUT. RESISTENCIA CIUDADANA

NoALaMIna

Jorge Oriola

Explotar recursos para beneficios de pocas empresas transnacionales o locales y dejar el tendal de contaminación para las mayorías no sólo no es justo; es un mal negocio, incluso para este modelo capitalista.

Entre las luchas socioambientales, una característica de los nuevos tiempos, se destaca la que hoy mantiene gran parte de la población chubutense contra el poder político y económico provincial, expresado en el gobernador Mariano Arcioni, una mayoría de los diputados, cámaras empresariales y mineras y en particular una de las más interesadas en la explotación metalífera, en especial de oro y plata, Panamerican Energy. En esta nueva embestida, la expectativa megaminera está centrada en un proyecto en la meseta central, claramente estimulada desde el gobierno nacional, tal como lo han mencionado sin tapujos ni reticencias, Aníbal Fernández, Sergio Massa y el propio presidente de la Nación. Reclamos a los diputados, colecta de firmas por miles, marchas constantes y multitudinarias en las diversas ciudades de la provincia, discusiones profundas entre bases populares que rechazan la actividad y dirigencias que la auspician, y una crisis de larga data en las finanzas provinciales.

Esta crisis se demuestra en el considerable retraso en el pago de sueldos de activos y jubilados, entre dos y tres meses más el aguinaldo de diciembre, por un lado, y la falta de inversiones de infraestructura educativa, de salud y en programas de producción regional. Para quienes estimulan la megaminería, en ella reside la panacea de todos esos problemas y la expectativa de un futuro con desarrollo y mejor nivel de vida. Para quienes nos oponemos, nada más infundado. El tema es complejo.

Desde la reforma constitucional (1994), los estados provinciales son propietarios de los recursos del subsuelo y Chubut, de larga tradición petrolera (cuenca del Golfo San Jorge, compartido con Santa Cruz) cuenta con grandes reservas mineras aun sin explotar: uranio, plomo, oro y plata, tanto en zona cordillerana como en la meseta central. A fines de esa década y del siglo, varias empresas, alentadas por las facilidades otorgadas por el viejo Código de Minería y leyes flexibles, pusieron sus ojos en la zona de Esquel, con el estímulo del gobierno nacional. En el crítico 2001 comenzaron las acciones exploratorias sobre la sociedad cordillerana, tratando de convencerla acerca de las “bondades” de los proyectos.

El año 2002 fue a pleno debate y sobre el final, las marchas de rechazo en Esquel marcaban un primer hito histórico: la conformación del movimiento No a la Mina y su órgano rector, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Horizontalidad, discusiones, decisiones votadas por mayoría, amplia presencia callejera, variedad en la composición: lo plurisectorial, lo multipartidario, la transversalidad de un tema que cruzaba todas las edades y hasta asociaciones e instituciones originalmente enfrentadas, como agrupamientos indígenas y propietarios rurales. El No a la Mina en contra de los proyectos que afectarían al Cordón Esquel se expresaba ruidosamente en defensa del agua (la megaminería utiliza millones de hectolitros de agua mensuales), del espacio libre de contaminación (los riesgos son enormes porque se utiliza la metodología de lixiviación por cianuro y a cielo abierto), contra el saqueo (las empresas abonarían, según sus propias declaraciones por planillas, apenas un 3% del valor del metal extraído) y contra las mentiras y exageraciones difundidas por la prensa en cuanto a más fuentes laborales y cargas fiscales en favor de los municipios.

El 23 de marzo de 2003 se produjo en segundo gran hito contra la contaminación y el saqueo: se ganó un plebiscito, prácticamente “arrancado” a un concejo deliberante en el cual, de diez miembros, entre justicialistas y radicales, ocho estaban abiertamente por el SÍ y dos por el NO, un justicialista y una representante del Frente Grande. En ese plebiscito, que evitó la radicación de la empresa extractiva Meridian Gold, de origen canadiense, triunfó el NO con casi un 82% de votos, un 11% por el SÍ y una gran cantidad de electores. El gobierno local, justicialista, aceptó el resultado; el provincial, radical, a regañadientes. Durante los diecisiete años siguientes hubo varios amagos y también transferencias del amplio espacio donde se debía establecer la minera. El oro y la plata, dicen, está allí esperando. Otros decimos: la montaña está entera por la férrea defensa de los vecinos. Todos los días 4 de cada mes hay una marcha, con pocos o muchos, con nieve o sol, con júbilos o en silencio; ahora, con barbijos y algo de distanciamiento. La lucha continúa.

Fruto de ese plebiscito, la firme decisión colectiva y el apoyo de diversos sectores políticos que desde la base han trabajado en este rechazo, en especial militantes radicales y peronistas a diferencia de sus cúpulas respectivas, en la Legislatura provincial se aprobó la Ley 5001 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con uso de cianuro. Dicha ley planteaba, contradictoriamente, una especie de zonificación regional que determinaría qué zonas serían operables para extractivas y cuáles no. Sobre este artículo y las promesas de explotación mediante otros métodos, más “amigables con el ambiente”, se pretende hoy reinstalar la expectativa de la megaminería como forma de potenciar la economía de la meseta y por ende de la provincia. De nuevo, los cantos de sirenas: mayor capacidad de empleo y salarios, mayores ingresos fiscales a municipios y al Chubut, desarrollo y bienestar, no se agotará el agua del único río que cruza el territorio ni de los acuíferos subterráneos, no se contaminará el ambiente. Que vengan las inversiones, aunque no les digan ahora “brotes verdes”. No hay confianza, no hay licencia social, y sin ella no se podrá impulsar proyecto alguno contra el deseo de la mayoría, tal como reconoció a la prensa la asesora presidencial Silvina Batakis en una visita exclusiva a Chubut para “tratar el tema”.

¿Qué busca el gobierno? Que la Legislatura trate y apruebe una zonificación que permita explotar los metales del subsuelo en la meseta, en particular un área subpoblada y pobre como la de los departamentos de Gastre y Telsen. ¿Qué plantean las asambleas? Que se trate la Iniciativa Popular, con el consecuente rechazo, respaldada por más de 30 mil firmas. Aún estamos sin decisión, las presiones aumentan a ambos lados, la provincia no soluciona la crisis financiera, empieza el nuevo ciclo lectivo y se acercan las elecciones de medio término. Y no ha avanzado a mitad de febrero la vacunación mientras la pandemia sigue cobrando vidas frente a un sistema de salud casi colapsado y sin recursos ni sueldos.

Algunos diputados y senadores nacionales se han expresado por respetar la voluntad popular. Se dice que Sergio Massa apoya a su “protegido”, el gobernador Arcioni, que en campaña electoral era públicamente anti megaminería. El vicepresidente Sastre, aparentemente distanciado del gobernador y potencialmente sucesor si la crisis lo eyecta, va oscilando entre el Sí, el No y a veces en el “Sí, pero…” El presidente fue más explícito y directo apoyando la megaminería porque, dijo, está demonizada y es imprescindible explotar los recursos que cada provincia dispone. ¿Y el Ministerio de Ambiente, a nivel nacional? Silencio de radio. Extrañamente, la prensa dominante no interviene demasiado, o casi ignora a Chubut y esta crisis. Sabemos que Dios atiende en Buenos Aires.

¿Qué pasará? Sólo la fuerza del pueblo, unido, podrá darle otra victoria, aunque sea temporal. La minería es imprescindible; nadie quiere retornar a tiempos previos a la Revolución Industrial, pero el mundo ha duplicado su población entre 1970 y 2020 y ha bajado a la mitad los recursos alimenticios y el agua disponible en ese mismo período. Por eso decimos: El agua vale más que el oro. Explotar recursos para beneficios de pocas empresas transnacionales o locales y dejar el tendal de contaminación para las mayorías no sólo no es justo; es un mal negocio, incluso para este modelo capitalista de mercado interno, expansión del empleo y el salario y neodesarrollismo distributivo que el peronismo quiere implementar de nuevo. Cuando haya controles serios y efectivos, cuando las leyes dejen de ser tan flexibles, cuando existan metodologías menos dañinas para el ambiente, hablaremos, debatiremos. Mientras, que se respete la decisión mayoritaria.

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