Sordos ruidos oír se dejan

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La batalla cultural que es una batalla integral que contiene lo político, lo socioeconómico y hasta lo militar.

Es un hecho que la derecha desestabilizadora y golpista avanza por ahora sin resistencia llevando adelante una ofensiva programada desde fuera pero con operadores concretos al interior del país. No obstante  ella  actúa  desde la oposición macrista pero también al interior del gobierno del Fte.  de Todos.

El allanamiento a cargo de la Policía Federal  de un comedor popular gestionado por la organización Asambleas del Pueblo,  so pretexto de identificar a un joven militante de dicha fuerza que habría incurrido en alguna vulneración de la ley antiterrorista, no pretende otra cosa que amedrentar a los movimientos sociales que comienzan a expresar el descontento por una crisis que se descarga en las espaldas del pueblo. Las directivas para esa operación las dio la progresista  ministra de seguridad Sabrina Frederic que aplica el llamado “ciberpatrullaje” en continuidad con la política de Bullrich. Los efectivos ingresaron en busca de armas que obviamente no encontraron.  

Por otro lado, la gira del jefe del Estado mayor del ejército, general Agustín Cejas,  por las distintas guarniciones militares reivindicando la llamada guerra antisubversiva, cuenta con el aval del ministro de Defensa Agustín Rossi. Estas “nuevas” fuerzas armadas han hecho una explícita vindicación del Operativo Independencia, que constituyó en la provincia de Tucumán (1975) un ensayo del terrorismo de Estado que asolaría todo el país en pocos meses. En ese marco hay que inscribir el intento de beneficiar con  la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz cuando hace sólo unos días se conmemoró  un año más de la segunda desaparición del ex detenido desaparecido Jorge Julio López, testigo decisivo para la condena del represor,  y a quince días del motín sedicioso de la policía bonaerense que obtuvo sus principales demandas sin que hubiera sanciones, es decir con absoluta impunidad.

Contrastando con la rapidez con que se concedieron a los policías amotinados las principales demandas, causa vergüenza ajena la represión a trabajadorxs de la salud, quienes constituyen la primera línea valiente y abnegada de combate contra el coronavirus.

¿Cómo no tomar en serio ante estos hechos,  a los cuales el oficialismo relativiza y  pone sordina, los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde en el sentido de que en el 2021 se producirá un nuevo golpe de estado?¿ Es admisible soslayar la campaña desestabilizadora que desarrollan los medios hegemónicos y sus demandas de represión y mano dura contra las tomas de tierra, mientras se exime de toda responsabilidad a los grupos económicos que como Vicentín y otros vienen estafando al estado y al país? Sin omitir tampoco el accionar de los grupos anticuarentena que han ganado las calles y las redes sociales con su campaña de odio y  confusión. 

En ninguna parte del mundo se detuvo la ofensiva de la derecha con concesiones

En tanto que la pobreza asciende ya al 41% de la población ( unos 18 millones de personas) de las cuales, casi cinco millones bordean la indigencia, el gobierno anunció rebajas a las retenciones a la exportación para los agronegocios, la megaminería y la industria exportadora. Sin embargo esas medidas no satisfacen a los grupos más concentrados que presionan por más y  persiguen una nueva devaluación. La pretensión de Fernández de contener al estáblishment en los marcos de un Pacto Social resulta tan utópica como su discurso a favor de “un capitalismo donde ganemos todos”.

Hoy el discurso del gobierno sobre la necesidad de obtener dólares para respaldar la reactivación económica hace responsables de su escasez a los pequeños ahorristas que compran hasta 200 dólares con el objeto de resguardar el estrecho poder adquisitivo de sus ingresos. Porque se ha instalado en la sociedad que el pago de la deuda, que justamente se hace en dólares, es inevitable, como inevitable es que seamos los de siempre los que carguemos con dicho pago. Por eso es importante construir una fuerte corriente a favor de la suspensión de los pagos de la deuda al FMI, cerrar el grifo a la fuga de capitales, y del envío de remesas al exterior. Ante esta complicada coyuntura económica el nunca concretado “aporte solidario” (antes impuesto a las grandes fortunas) a aprobar alguna vez en el Congreso,  tiene  sabor a muy poco.

Sobre usurpaciones y la defensa de la propiedad privada.

Las tomas por miles de familias en procura de un pedacito de tierra para alzar un techo donde guarecerse, ha desatado el alboroto mediático de lxs defensorxs a ultranza de la propiedad privada acompañadxs por el medio pelo de simpatías por el neoliberalismo. El caso más notorio que divide a la opinión pública  es el de Guernica. De ese modo choca el presunto  principio de legalidad que pena la usurpación de tierras,  con el derecho legítimo y constitucional  de cualquier familia a la tierra y a la vivienda digna.

Las historia individuales ( “no tenía donde vivir pero no salí a usurpar, trabajé, ahorré hasta que pude…”) en realidad  deshistorizan un problema social de larga data que se profundizó con la dictadura cívico militar y se dispara actualmente en el contexto de la pandemia. La derecha va ganando la batalla cultural que se monta en los peores prejuicios a los cuales  resultan permeables sectores medios y de trabajadorxs para quienes  los pobres son pobres porque son vagos, no quieren laburar ni esforzarse  sino que están acostumbrados a  recibir todo de arriba etc. Mientras que esa mirada censora no se aplica a la usurpación de tierras que realizan los poderosos como Joe Lewis, capaz de apoderarse de un lago completo en el sur argentino, o como Benetton que ocupa territorios que legítimamente reclaman sus verdaderos dueños, los pueblos originarios. Tampoco es juzgada con la misma vara la apropiación de terrenos para la construcción de barrios privados que se realiza sobre humedales que se obtienen por monedas mediante  procedimientos vidriosos en contubernio con el Estado.

 Un auténtico ecocidio constituyen los incendios forestales en 14 provincias que ya afectan  más de medio millón de hectáreas y  abren  la puerta a la apropiación de esos territorios para los agronegocios pero no merecerá la misma alarma que una toma de tierras en cualquier punto del conurbano. El oficialismo prepara un proyecto de ley por el cual impide durante 60 años especular con las tierras arrasadas por incendios desde ya con la oposición de Juntos por el Cambio. ¿Habrá una pareja voluntad de ser aplicada en caso de aprobación mayoritaria o quedará en aguas de borrajas como tantas otras iniciativas?

La derecha tiene muy claro quién es su enemigo, nosotros no tanto.

¿Por qué razón la derecha y la gran burguesía financiera y monopolista, cuyas superganancias  no son ni  siquiera rozadas por ninguna medida del gobierno, querrían su derrocamiento? Pregunta que tiene más de una respuesta, ninguna del orden de lo económico, sino del orden de lo político. Una razón geopolítica: el imperialismo norteamericano, que siempre ha visto a nuestra región como su patio trasero, luego de una relativa retirada para concentrar sus fuerzas en el conflicto de Medio Oriente, vuelve luego de una relativa ausencia para  reforzar su hegemonía puesta en peligro por la creciente  presencia china y rusa en Nuestra América.

 Dentro de muy poco se cumple un año del golpe que derrocó a Evo Morales casi al mismo tiempo que veían perder en la Argentina un aliado como Macri en las elecciones generales de octubre. Como revelara el ex funcionario del FMI y hombre de confianza del presidente Trump,  Mauricio Cláver , el jugoso préstamo de ese organismo al gobierno de Macri, no tenía otro objeto que el de mantener a la derecha en el poder para frenar al “populismo” en la región  y aumentar la presión sobre Venezuela.

Al cierre de esta edición y al mismo tiempo que se esperaba la llegada de una misión del FMI que según el relato oficial, se habría vuelto peronista, la Argentina votaba en el Consejo de Derechos Humanos  en la ONU contra la acosada Venezuela. Tenemos más que la sensación de haber visto ya esta película de arrodillarse ante el imperialismo para obtener alguna concesión de orden económico.

Pero quizá la principal razón del golpismo  la encontraremos en la historia de este país y es que el odio cerril de la gran burguesía hacia las masas trabajadoras que mayoritariamente   ven en el peronismo una vía para sus aspiraciones de justicia social, soberanía económica e independencia política,  no tiene límites en el tiempo. Ese odio cuyos antecedentes, desde el bombardeo de la Plaza de mayo en 1955, pasando por la dictadura genocida de 1976 hasta nuestros días no se ha detenido jamás ni lo hará.  Esas masas, base social de este gobierno, constituyen por cierto el mayor obstáculo para completar el rediseño neocolonial del país. Pensar que se puede avanzar hacia transformaciones profundas y revolucionarias sin esas masas o una parte significativa de las mismas es cuanto menos,  una ilusión o un quimera. Pero en lo inmediato esas masas, movilizadas y organizadas son el único reaseguro de defensa del orden constitucional, a condición de que logren sacudirse la pesada losa de una burocracia sindical que está más cerca de las grandes patronales que de sus representados. 

Al orden del día está la batalla cultural que es una batalla integral que contiene lo político y lo socioeconómico y hasta lo militar. Esa batalla es decisiva en tanto que comprende la disputa del sentido, las formas de pensar y los comportamientos del sujeto colonizado y sumiso que requiere el rediseño que desde hace varias décadas planean las élites transnacionalizadas. Esa batalla sólo puede ser ganada si somos capaces de unirnos en la búsqueda de nuevas prácticas sociales, impugnadoras del ultraindividualismo y de las culturas represivas que resultan en una cada vez mayor fragmentación social. –

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