¿Pueden los docentes enseñar cualquier cosa?
El domingo 29 de noviembre el diario La Nación publicó un artículo firmado por Alejandro Horvat bajo el título: Adoctrinamiento: fuerte sesgo político en planes de estudio y manuales. Dicho artículo refuerza la ofensiva de la Ministra de educación de CABA, Soledad Acuña contra lxs docentes a quienes acusa de “adoctrinar” a lxs estudiantes desde los primeros años de escolaridad. Sólo que en este caso avanza también sobre contenidos curriculares de Ciencias Sociales.
No es el objeto de esta reflexión defender la política educativa de tal o cual gobierno sino desmontar una campaña que se basa en la desinformación y la estigmatización. No es casual que el blanco principal del ataque sean los contenidos de Ciencias Sociales que son las disciplinas más sensibles y molestas para la derecha porque visibilizan realidades que se desean mantener ocultas para las nuevas generaciones.
Lo primero que debe quedar absolutamente claro es el carácter ideológico y político del hecho educativo. La política educativa que imparte un estado no puede sino reflejar la visión del mundo de la clase social o fracción de clase que gobierna, es decir, su ideología. Lo cual es fácilmente observable en las distintas reformas educativas que se sucedieron en nuestro país desde los años 80 del siglo XIX y también en los libros escolares de distintos momentos históricos. Ello es así porque cada gobierno tiene la potestad de establecer su propia política educativa y por lo tanto su propia visión del mundo. Los docentes no tienen injerencia ni en dicha política ni en los contenidos curriculares. Por el contrario deben manejarse dentro del marco de los diseños curriculares elaborados por la nación y la provincia.
Como puede leerse en el portal Argentina.gob.ar: La Ley de Educación Nacional N°26.206/06 establece que el Ministerio nacional en acuerdo con el Consejo Federal de Educación debe definir núcleos de aprendizaje prioritarios para todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. Estos acuerdos constituyen un marco que asegura un horizonte común para la enseñanza y el aprendizaje. Pero la ley establece también que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formularán un Diseño Curricular que constituya una propuesta político-pedagógica que exprese las particularidades regionales y provinciales, a la vez que haga eco de las que han sido acordadas como orientaciones comunes.
Por cierto hay, especialmente en el área de las Ciencias Sociales, contenidos curriculares que reflejan las luchas del pueblo trabajador como la conmemoración del golpe de Estado de 1976 y la consiguiente temática de los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, del niño, de las mujeres etc. la propia ley de educación sexual integral (ESI) y otras problemáticas contempladas tanto en el cuerpo de la ley de educación nacional como también en la Constitución nacional. Por tanto es falso que lxs docentes aprovechándose de la privacidad del aula puedan enseñar cualquier cosa. Distinto es que en los marcos de las normativas vigentes ejerzan la libertad de cátedra y puedan ofrecer a los estudiantes distintas visiones y distintas fuentes de consulta sobre un problema o un tema histórico o social.
Quieren evitar que la realidad entre en la escuela y el aula. Lo que a esta altura no es lógica ni acorde a los tiempos que vivimos, es la pretensión de evitar que la realidad entre en la escuela y el aula. Mal que le pese al poder económico y a la derecha, los problemas de la sociedad, como la protección del medio ambiente, la expulsión de sus tierras de los pueblos originarios por las empresas del agronegocio, la violencia contra la mujer etc. están contemplados en la currícula por cuanto constituyen necesariamente objetos de conocimiento. Así es que la desaparición forzada de Santiago Maldonado en 2017 habilitó a hablar del derecho a la tierra del pueblo mapuche, de su historia, su cosmovisión, de la usurpación de sus tierras por empresas extranjeras. Instruir a lxs estudiantes que hay un artículo en la Constitución Nacional que reivindica el derecho a la tierra de los pueblos originarios. Entendemos que enseñar a pensar, problematizar la realidad, desnaturalizar lo que parece obvio, poner en debate distintas perspectivas y miradas de un mismo fenómeno, es una tarea propia de lxs educadorxs, que no tiene nada que ver con el adoctrinamiento partidario.
Cierto es también que las fuerzas políticas y económicas disputan los contenidos educativos directa o indirectamente. Ejemplo de ello fue la propaganda del gobierno de Macri relativizando y negando que en nuestro país la dictadura cívico militar y eclesiástica hubiera desaparecido a 30 mil personas y calificando la temática de los derechos humanos como “curro”. La derecha no ha cejado en continuar intentando imponer la teoría de los dos demonios equiparando los delitos de lesa humanidad que cometió el Terrorismo de Estado con la acción de los grupos guerrilleros en la década del 70 para instalar que hubo una guerra. También fue la demanda, satisfecha por el gobierno de Macri, de la Asociación de empresas mineras, de retirar del diseño curricular la mirada crítica hacia la megaminería.
Por eso la mirada de La Nación peca de lo que acusa a otros: es sesgada y manipulatoria. Se queja del uso en los manuales de categorías como “oligarquía terrateniente”, “modelo agroexportador”, “neoliberalismo” o de que los mismos textos informan sobre el nivel de concentración de la propiedad de la tierra. Aunque no se arriesgan a desmentir los datos.
No sería la primera vez que el diario La Nación ( cuyo lema es precisamente Tribuna de doctrina) en nombre de la lucha contra el adoctrinamiento propicia una cacería de brujas porque ya lo hizo durante los años del plomo apoyando la delación de supuestos docentes subversivos.
Conclusiones El artículo de La Nación que va en la misma línea de la ofensiva de Soledad Acuña, coincide con el fallo de la Corte Suprema de Mendoza autorizando prácticas religiosas en la escuelas públicas y el caso aberrante de la niña obligada a dar a luz gemelos que fueron fruto de una violación en la provincia de Jujuy transgrediendo la ILE (ley de interrupción legal del embarazo) , nada menos que en vísperas de la votación de la ley de despenalización del aborto. La derecha aliada con la jerarquía católica arremete contra los derechos adquiridos en distintos campos. Trabajadores de la educación, estudiantes y comunidad educativa debemos unirnos para frenar la arremetida de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad. –
