Movimiento Pedagógico Político Sindical Florencia Fossati
La toma de tierras es un problema recurrente y extendido en el tiempo
El presente aporte es una invitación a la reflexión crítica que supere simplificaciones y estereotipos
La autorización para construir un barrio náutico con edificios de diez pisos en la Costanera Norte, en el lugar donde funcionó el complejo Costa Salguero, fue aprobada este jueves por 37 votos a favor y 22 negativos en la Legislatura porteña, al tiempo que el oficialismo también logró la aceptación de los convenios urbanísticos para elevar la altura permitida para futuras obras en predios de Puerto Madero, Villa Crespo y Palermo.
Pese al fuerte rechazo opositor a la propuesta para la rezonificación de terrenos que dan al Río de la Plata, Vamos Juntos dio el primer paso con la moción que pasó a una segunda lectura y atravesará un proceso de audiencias públicas para poder ser aprobado definitivamente. (Ámbito- 10-10-2020)
Este trabajo es anterior al brutal desalojo del predio de Guernica pero ese hecho en tal caso confirma todos los elementos de este aporte.
La toma de tierras es un problema recurrente y extendido en el tiempo, motivo de acalorados debates en la sociedad, sin exceptuar el ámbito de la docencia. Una propaganda machacona, interesada y tendenciosa de los medios hegemónicos insiste en criminalizar la pobreza, en contraponer derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales a una visión sesgada de la legalidad, con un discurso que refuerza prejuicios discriminatorios y estigmatizantes contra un sector de nuestro pueblo.
El presente aporte tiene el propósito de abrir un debate en el seno de nuestro gremio, es una invitación a la reflexión crítica, que supere las simplificaciones y estereotipos impuestos por los grandes medios, algo que lxs docentes comprometidxs con la educación, y más allá de cualquier ideología o partidismo, intentan inculcar en los estudiantes.
Nuestra organización sindical acompaña el derecho de nuestras comunidades a la vivienda digna entendiendo el fenómeno de las tomas como un recurso extremo y desesperado de los sectores más castigados de nuestro pueblo por el capitalismo y que el Estado es responsable de dar respuestas urgentes a esa necesidad, las cuales no pueden ser la represión y la criminalización.
Este trabajo comprende dos partes. La primera analiza el fenómeno de las tomas de tierras protagonizadas por los sectores populares para tener donde levantar una vivienda. La segunda parte analizará las otras tomas, invisibilizadas por los medios masivos de comunicación, las que están destinadas al lucro, sean los agronegocios en el campo o el negocio inmobiliario en las urbes.
1) LA VIVIENDA DIGNA: NECESIDAD Y DERECHO
El derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
En el año 2012 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley 14.449, que además incorpora la importancia de vivir en un hábitat digno y sustentable, la implementación de mecanismos para la regularización de barrios informales y de instrumentos que permitan reducir la especulación sobre la valorización del suelo. Pero a ocho años de haberse sancionado, el déficit habitacional sigue siendo un problema que afecta a miles de personas.
ALGUNAS PREMISAS PARA ENCAUSAR EL DEBATE
¿La tierra: bien común o mercancía?
El problema de la vivienda es inseparable del problema de la posesión de la tierra entendida como bien común y no como mercancía. Entendemos que la tierra y la vivienda son medios de subsistencia y por tanto constituyen un derecho inalienable de las personas.
La necesidad de vivienda de los sectores populares tiene historia
No es posible comprender el fenómeno de las tomas de tierra (ni cualquier otro fenómeno social) sin historizarlo, es decir, sin considerar sus antecedentes y su desarrollo en el tiempo.
De qué hablamos al utilizar términos como toma, ocupación y usurpación
| Algunas definiciones En los medios se denomina corrientemente como toma la ocupación de terrenos generalmente fiscales. Ocupar Del lat. occupāre. 1. tr. Tomar posesión de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él. Usurpar Del lat. usurpāre. 1. tr. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Usurpación de inmuebles 1. f. Der. Delito que comete quien ocupa un inmueble ajeno o se mantiene en él contra la voluntad de su titular. Usucapión Del lat. usucapio, -ōnis. 1. f. Der. Adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley. Hay una clara diferencia entre ocupar y usurpar. Dentro de los límites impuestos por la ley, la usurpación es la apropiación de una propiedad privada, mayormente no ocupada en el momento en que se la usurpa. La ocupación se da sobre tierra fiscales o sea, sobre tierras pertenecientes a la nación o al estado. Sobre este último término se pueden dar muchas definiciones, pero digamos que fundamentalmente es la construcción socio-política que integra la población de un territorio, erigido como nación. Por lo tanto, se puede interpretar que estos espacios y/o tierras fiscales pertenecen a sus habitantes. |
LAS TOMAS AL FINAL DE LA DICTADURA CÍVICO MILITAR
Las primeras tomas de tierra en el Gran Buenos Aires, se registran en 1981, durante la etapa final de la dictadura cívico militar.
El genocidio no sólo significó la desaparición forzada de 30 mil personas, sino la aplicación de un plan económico -el de José Alfredo Martínez de Hoz- de desindustrialización, pauperización y expropiación de condiciones de vida a la clase trabajadora. Entre los meses de septiembre y noviembre de 1981, unas 4600 familias (alrededor de 20 mil personas) protagonizan tomas de terrenos en la zona sur (Quilmes y Almirante Brown).
Hacia fines de 1980, casi la cuarta parte del total de familias de los partidos del Gran Buenos Aires (unas 430 mil) vivían en casa precarias en villas de emergencia, a las que debe sumarse otras 133 mil que se hacinaban (más de dos personas por cuarto) en viviendas mejores pero pequeñas.
El régimen militar había logrado en el período 1976-80 acelerar el proceso de pauperización de vastos sectores populares. Uno de los indicadores de este proceso expropiatorio es la expulsión de miles de familias de clase trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires a las áreas suburbanas pobres mediante diversas medidas como:
Promulgación de un código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que al imponer ciertas características a las futuras construcciones elevaba la renta del suelo, libre o construido quedando el mercado restringido a las capas medias acomodadas.
Por la Ordenanza Municipal del 13-07-1977, en pocas semanas fueron expulsadas violentamente hacia el conurbano a 36736 familias (unas 200 mil personas).
La Ley de locaciones urbanas 21342 de 1976, al establecer una liberación de los alquileres “congelados” que culminaba a fines de 1979 compelió a casi medio millón de inquilinos que se declararon “no pudientes” a resolver en esos tres años su problema de vivienda. No es desatinado pensar que miles de esas familias emigraran al conurbano, y que sólo una parte pasó a saturar los hotelitos y pensiones capitalinos.
La construcción de las grandes autopistas urbanas implicó la destrucción de viviendas que en el caso de los propietarios tuvo el paliativo de las indemnizaciones pero no sucedió lo propio con los inquilinos.
EL FIN DE LOS LOTEOS
Al mismo tiempo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 1976 suspendía la autorización de los clásicos “loteos”. Esta medida se complementaría con la ley 8912 de Ordenamiento Territorial que prescribe entre otras normas que todo nuevo loteo debe contar previamente de infraestructura urbana: agua, luz, cloacas, desagües. A partir de entonces se disparará el precio de la tierra. Desaparecen los tradicionales “loteos” destinados a las barriadas obreras y en cambio comienzan a florecer los countries de fin de semana de las clases acomodadas.
El impacto de esas medidas tuvo como consecuencia la expulsión de los pobres urbanos hacia la periferia de los partidos del GBA por detrás del llamado “cinturón ecológico” que bajo el disfraz del “aire limpio” posibilitaba el control estratégico de los más desposeídos, la dispersión de esos sectores en un radio más extenso evitando su peligrosa concentración alrededor de los centros del poder, y la ruptura de los lazos sociales anteriores.
Por cierto, el déficit habitacional no era un problema nuevo en la Argentina. Ya en los años 40 del siglo pasado el flujo inmigratorio de masas de origen campesino a la metrópolis extendió el fenómeno de las villas miseria que se levantaban en torno a las fábricas de la industria principalmente automotriz. También ese fenómeno de las villas fue objeto de medidas violentas de los gobiernos de facto, como por ejemplo el plan de erradicación de villas llevado adelante por el dictador Onganía.
VILLAS DE EMERGENCIA Y ASENTAMIENTOS
A diferencia de las villas, donde las viviendas precarias se amontonaban de a una de manera caótica, el asentamiento en las tomas tiene un trazado y una planificación urbanística ya que las tomas son colectivas y organizadas y lo que se busca es terrenos fiscales. En los años 80 marcaron hitos las tomas en La Matanza, que dieron lugar a los Barrios 22 de enero, 17 de marzo y El Tambo. En los 90 se levantó en Ciudad Evita, el barrio José Luis Cabezas.
En 2010, cientos de personas ocuparon parte del predio del Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, episodio que culminó con una salvaje represión que produjo un muerto.
En la actualidad con una tasa de desocupación que supera el 10%, un nivel de informalidad laboral por encima del 35%, un mercado inmobiliario dolarizado y normativas urbanas excluyentes, se hace imposible para gran parte de la población acceder a tener una casa e incluso a la posibilidad de pagar un alquiler en regla. Esta desigualdad es el marco general que hace que en las ciudades se privilegie el derecho a la propiedad privada de un sector reducido y con posibilidad de pagar por la tierra, mientras que un gran número de trabajadores y trabajadoras no tiene ni siquiera donde vivir.
Según Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados: “La vivienda en Argentina está completamente privatizada. El Estado hoy garantiza los negocios de la construcción privada, la venta de tierra pública y la evasión impositiva. En las pocas viviendas sociales que se construyeron en el marco de la urbanización de los barrios populares, los institutos de vivienda silenciosamente se van apartando luego de la escrituración, dejando en manos de los beneficiarios los arreglos del edificio, la seguridad, la administración, y por tanto abriendo la puerta al voraz instinto de los intermediarios.
Es la misma intermediación para poder acceder al alquiler de la vivienda. Financieras, bancos, inmobiliarias, compañías de seguros. El inquilino es una presa ideal. La necesidad fundamental de contar con un lugar donde dormir es la oportunidad para un negocio que mueve miles de millones por mes lejos del alcance regulatorio -y, en tiempo de excepcional escasez, recaudatorio- del Estado.
La encuesta inquilina nacional aporta otros datos claves. Con respecto a los planes de asistencia desplegados por el Estado -como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) o los créditos a tasa cero-, el 69,8% de quienes respondieron, manifiestan no haber percibido ninguno. También, el 47,2% afirma que no encontró respuesta de organismos del Estado de propietarios e inmobiliarias”. Gervasio Muñoz – El derecho y el revés inquilino- revista Crisis.-
El Registro Nacional de Barrios Populares (REBABAP) realizado entre 2016 y 2017 estimó que en el país hay alrededor de 4300 barrios en situación de precariedad, en donde viven más de 4 millones de personas. El mayor número se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde 1284 asentamientos se distribuyen en 40 municipios del conurbano y 56 en CABA.
Según un informe del Observatorio del Conurbano Bonaerense, estos barrios presentan graves déficits de accesibilidad a infraestructura básica: entre el 80 y el 85% de los hogares no tienen red cloacal y gas natural; un 36% vive sin agua de red, sin pavimento y sin medidores individuales de energía eléctrica. El 32,4% de los hogares se asienta en barrios con alguna problemática ambiental como zonas inundables o basurales; y gran parte se encuentra alejado de establecimientos educativos, centros de salud y medios de transporte. A esta realidad de suma precariedad hay que agregarle que antes de la pandemia había más de 7 mil personas en situación de calle, cifra que sin dudas aumentará al finalizar el 2020.
El problema de la vivienda, que a la luz de los datos reunidos, bien puede calificarse como estructural , alcanza un carácter dramático por el hacinamiento que facilita el contagio del Covid 19 no sólo para los involucrados directamente sino también para aquellos con los que se relacionan. Y dificulta en grado sumo las medidas sanitarias de protección y aislamiento. A ello hay que añadir que desde que se declaró la pandemia, los casos de femicidios y violencia de género en el seno de los hogares ha crecido de forma exponencial. Por lo tanto urge la resolución a corto plazo de esta situación.
¿LOS CHICOS PRIMERO?
Según Unicef, a fin de año habrá en nuestro país 8.3 millones de niñxs pobres que equivale al 63 por ciento del total. Para esa clasificación se toma en cuenta la zona donde los chicos viven. Pero cada unx de esxs niñxs que ven a diario vulnerados sus derechos esenciales son más que una cifra en la estadística del dolor. En la toma de Guernica se estima que hay alrededor de 3 mil niños y niñas habitando los precarios ranchitos de plástico y cartón.
En las tomas realizadas en La Matanza, más bien invisibilizadas por los medios y el gobierno, el Suteba Matanza registró: 600 niños en edad escolar en el barrio Los Ceibos de González Catán e igual número en el barrio 17 de septiembre de la misma localidad. Tanto unos como otros sufren la vulneración de derechos básicos, entre ellos a la vivienda y a la educación además del asedio y la represión permanentes de las fuerzas de seguridad.
¿Qué papel juega el Estado y qué papel tendría que jugar?
Hasta aquí el rol del Estado, bajo distintos gobiernos, se circunscribe a la faz represiva. En línea con el discurso dominante, la presunta defensa de la propiedad privada amenazada, el Estado no tiene otra respuesta para este problema. Así lo demuestra su política económica y el bajo o nulo presupuesto destinado a la vivienda popular.
El fenómeno de la toma de tierras es un dato objetivo de la realidad social argentina. Por cierto, el accionar de punteros políticos y grupos delictivos que suele acompañar las tomas como sombra al cuerpo, intentando sacar provecho de las mismas no puede confundirse con la necesidad legítima de parte de nuestro pueblo a tierra, techo y trabajo.
Son necesarias políticas públicas establecidas con la más amplia participación y control de los movimientos sociales y las organizaciones populares para que se optimicen los recursos y se evite el desvío de fondos.
2) LAS OTRAS TOMAS
Legalidad y legitimidad
Las formas de la apropiación de las clases dominantes
| Según un informe brindado por la ONG OXFAM en 2016 en Argentina, “el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%”. |
La concentración de la tierra es el problema fundamental e histórico que hace de Nuestra América la región más desigual del planeta. Pero además, dicha concentración, atada al modelo extractivista que depreda la naturaleza, viene de la mano de desplazamientos forzados, asesinatos, persecución judicial, represión, expulsión y concentración de población en las urbes, pobreza, marginación, etc.
1 – Las clases dominantes, grandes terratenientes y empresarios, corporaciones con capitales nacionales, mixtos y/o globales, por medio de los broker owner (agentes inmobiliarios con empresas propias), y su relación con intendentes, políticos y funcionarios, establecen mecanismos de dudosa legalidad, aprovechando los resquicios y lugares grises de las leyes.
– La rezonificación de zonas o barrios para la construcción de edificios sin contemplar la adecuación de los servicios esenciales y las necesidades medioambientales.
– La “adquisición” de terrenos estatales con el contubernio de funcionarios públicos, y la adaptación de las zonificaciones en favor de determinadas empresas.
– Los convenios de venta sin licitaciones o con un número establecido de empresas entre las cuales se reparten todos los contratos, sin participación de veedores públicos y/o con la aceptación de los organismos de control del mismo estado.
Hay muchas otras formas, las cuales entran dentro del encuadre de legalidad, pero que carecen de legitimidad.
Un día después de perder las elecciones, Mauricio Macri le donó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta más de 30 inmuebles propiedad del Estado nacional en concepto de “pago de deudas”.
Como si fuera poco, hay una última polémica en la irregular decisión del ex gobierno de Cambiemos. El convenio de pago se realizó a través de la sociedad Plaza Ferroviaria, una entidad que tiene el 95% de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. “Esto significa que, los inmuebles que se cedieron a la Ciudad de Buenos Aires, formaban parte de los bienes de la ANSES, lo que descapitaliza el ahorro que se genera para pagarle a los jubilados”, explican desde el gobierno. (1)
Por otro lado nos encontramos con un informe del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) 2019 realizado en conjunto con organizaciones sociales y de inquilinos registró que un 10% de los inmuebles porteños están vacíos en un territorio donde más de 300 mil personas viven en villas y asentamientos y 7.500 se encuentran en situación de calle. Según este documento, entre los años 2005 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales el 50% son lujosas y con fines especulativos.
¿Qué hay detrás del “boom de la construcción” de estos años de gobiernos PRO? El 75% de la construcción de nuevas viviendas o ampliación en metros cuadrados se concentraron en las comunas más caras y densamente pobladas (1, 2, 11, 12, 13 y 14). La especulación inmobiliaria encarece la propiedad y vuelve inaccesible el acceso a la vivienda propia para los sectores medios y bajos. (2)
Esto sólo en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero hay formas que no solo no son legítimas sino ilegales, inclusive entrarían dentro del ámbito penal.
2 – Los incendios como forma de expansión de tierras para cultivo y operaciones inmobiliarias.
Tierras VIP
Caputo, los ex compañeros del Cardenal Newman, Elsztain y, por supuesto, la familia Macri comparten inversiones en una zona de pobreza y frontera.
Las fincas y sociedades que llenan el mapa del norte de Salta llevan el sello de la familia Macri. Distintas firmas de amigos como Nicolás Caputo, de socios como Eduardo Elsztain y de la empresa familiar SOCMA aparecen en declaraciones juradas, catastros provinciales y rumores norteños en dos departamentos que limitan con Bolivia y Paraguay y, hacia adentro, con Chaco y Formosa. Son los estratégicos departamentos de Rivadavia y General San Martín. En esa zona de triple frontera estas empresas declaran que producen porotos y soja, productos que exportan a Latinoamérica y a China. Para poder cultivarlos, pidieron rezonificar para desmontar. Lo lograron, por eso tienen denuncias de pueblos originarios y de Greenpace. Así, afirman sus cuentas, lograron facturar millones desde fines de los años noventa. (3)
Los incendios intencionales son otra vía para la “adquisición de tierras”. Actualmente estos se extienden por todo el norte del país con focos en zonas particularmente rentables, tanto en precios por metro cuadrado o por hectáreas.
Incendios forestales: diez provincias asoladas por las llamas
Con nueve focos de incendios activos, Salta continúa siendo la provincia más afectada por las llamas, informó el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). Córdoba, Tucumán, Jujuy, San Luis, Neuquén, Catamarca, Salta, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos son las provincias que continúan afectadas por los incendios forestales, según el organismo. (4) (5)
Hay toda una estructura que busca frenar cualquier acción estatal.
Productores rurales, desarrolladores inmobiliarios, la Sociedad Rural y Juntos por el Cambio apuestan a suspender la modificación de la ley del fuego que comenzará a debatirse en Diputados. (6)
3 – La invisibilización de la evasión de los sectores pudientes.
Muchas de las tierras que hoy ocupan los countries, barrios cerrados y clubes de campo, figuran como terrenos baldíos o tierras rurales, adquiridos por medio de figuras legales, como forma de ocultamiento de grandes patrimonios.
Estas formas distorsivas y de evasión fiscal implica sumas millonarias, además de la usurpación de tierras en muchos casos.
Cien mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries de la provincia de Buenos Aires figuraban como baldío o pagaban impuestos como tierra rural. (7)
La avanzada inmobiliaria que viene desde hace varios años sobre la ribera y el delta, (8) para la creación de barrios privados, ha llegado a su punto culminante con el incendio que ha destruido la totalidad de las islas.
4 – La avanzada sobre las tierras de los pueblos originarios
Para no remontarnos a la llamada Conquista del Desierto de fines del siglo XIX, el avance sobre territorios ocupados por pueblos originarios, trepó con el gobierno de Macri, sobre todo en las zonas patagónicas y la región NEA incluyendo también el norte de Salta y se caracteriza por el constante ataque de las fuerzas de seguridad y los grandes terratenientes con la anuencia de gobernadores que brindan apoyo por acción u omisión.
En muchos casos no se trata de tierras en disputa, sino lisa y llanamente de territorios pertenecientes a las comunidades. Tomemos por caso el ataque a la comunidad mapuche milla-lonko Ranquehue, donde no se respetaron ni siquiera las reglas de la propiedad privada y donde efectivos de la Escuela Militar de Montaña destrozaron un invernadero de 200 metros cuadrados para la producción de alimentos.
Esta comunidad tiene una escritura legal de sus tierras otorgada por el gobierno de Río Negro. (9)
A – ¿Que sucedería si este ataque se hubiese realizado en un country?¿Cuál hubiese sido la reacción periodística y de la población en general?
B – El ataque realizado por el ejército, viola la Constitución, ya que el mismo tiene vedado intervenir por expresa legislación en conflictos (que además en este caso eran inexistentes) al interior del territorio nacional. No se conoce hasta el momento una sola declaración del Ministerio de Defensa.
Lo mismo sucede con las tierras de los qom, los wichis y otras comunidades.(10)
A todo esto habría que sumarle las ventas indiscriminadas a extranjeros y corporaciones internacionales, sin límite de hectáreas, que no respetan el acceso a fuentes de agua y lagos, como la estancia de Lewis y Lago Escondido, y muchos otros, los humedales de Corrientes, etc.
Conclusiones
Creemos haber aportado elementos y datos que afirman nuestra convicción de que el derecho a la vivienda digna encuentra su principal obstáculo en la concentración de la propiedad de la tierra en manos de una minoría privilegiada y parasitaria. Y que esa inequidad está en la raíz del fenómeno de las tomas de tierras como recurso extremo de los sectores populares más castigados por el capitalismo.
En ese marco hemos desarrollado los antecedentes históricos más relevantes del déficit habitacional y demostrado que nuestro pueblo viene siendo objeto de un ataque permanente a sus derechos esenciales de los grupos más concentrados del capital. Ataque que se da en los planos económico, político, social y cultural. Al mismo tiempo hemos aportado datos que demuestran hasta el hartazgo cómo el poder económico no repara en medios para violar la ley con la anuencia del poder político contra los más débiles, en procura del máximo beneficio.
Hemos aportado además elementos que demuestran que el problema estructural de la forma histórica de apropiación y tenencia de la tierra restringe el acceso a la propiedad privada a un sector cada vez más reducido, privando de ella a una inmensa mayoría.
Invitamos al lector o lectora a reflexionar si estos sectores del privilegio pueden ser motor del desarrollo independiente del país, o si es menester poner freno a su impunidad y voracidad.
Se hace evidente la instalación de narrativas diseñadas con un concepto de clase, y diferenciadas según sean dirigidas a los más desposeídos o a las clases medias. Por un lado, las fake news, la transformación de lo que es una situación de emergencia en un gran espectáculo mediático donde se libran batallas ideológicas y tácticas del poder; por otro apelando al “sentido común” y a los conceptos de propiedad privada, de pobres como sinónimo de delincuencia, y a construcciones conceptuales de la centralidad del individuo por sobre el colectivo, de que el “progreso” es el fruto excluyente del esfuerzo individual y el fracaso está dado única y exclusivamente por la incapacidad personal y la desidia, cuando no la vagancia. Una construcción cognitiva que deja de lado el amplio espectro de las condiciones socio económicas endémicas, las estructuras psico-culturales y los mecanismos de colonización de la individuación, dejando en la sombra el despojo y la desposesión, y mostrando a los expropiadores y especuladores como si fueran el verdadero factor de progreso.
Como trabajadorxs de la educación no somos neutrales en esta batalla política y cultural por cada uno de los derechos vulnerados de nuestros pibes y pibas. La necesidad de la misma no se contrapone con las reivindicaciones inmediatas de nuestro sector. Todo lo contrario. Nos preguntamos y preguntamos a nuestrxs compañerxs qué posibilidad de supervivencia y qué porvenir puede tener la educación pública y gratuita sin la defensa de los derechos de esos 8.3 millones de pibxs pauperizados. Por eso invitamos a las compañeras y compañeros de las escuelas a levantar la puntería y afinar las herramientas del pensamiento crítico para abordar un tema tan delicado y crucial para el destino de nuestro país.-
(Este trabajo fue redactado por Dante Alfaro y Manuel Dávila)
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO POLÍTICO SINDICAL FLORENCIA FOSSATI
La Matanza, octubre 2020.
Fuentes consultadas: Cuatro décadas de tomas de tierras. Raúl Zibecchi. Correspondencia de prensa. Boletín informativo.
Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires- Inés Izaguirre-Zulema Aristizábal. Centro Editor de América Latina.
Tomas de tierras en el GBA: un fenómeno que empezó en los ’80 y tiene origen en el déficit habitacional. Enrique de la Calle. Agencia Paco Urondo
1 – Infocielo miércoles 21/10/ 2020 https://infocielo.com/anses/antes-irse-macri-le-cedio-la-ciudad-31-inmuebles-del-estado-nacional-16-mil-millones-n114470
2 – https://www.facebook.com/NotasPeriodismoPopular/photos/a.
3 – https://www.lavaca.org/mu101/tierras-vip/
4 – https://www.pagina12.com.ar/300496-incendios-forestales-diez-provincias-asoladas-por-las-llamas
5 – https://www.pagina12.com.ar/298029-cordoba-denuncio-la-presunta-venta-de-predios-afectados-por-
6 – https://www.pagina12.com.ar/298535-quienes-buscan-frenar-la-ley-de-fuego
7 – https://www.pagina12.com.ar/289955-la-usurpacion-del-country
8 – https://www.pagina12.com.ar/300576-el-fuego-alcanzo-casas-de-la-ultima-isla-que-quedaba-sin-que
9 – https://www.pagina12.com.ar/298128-repudian-el-ataque-a-la-comunidad-mapuche-milla-lonko-ranque
