Rodríguez Larreta y la democracia de excepción
Ismael Jalil
La noticia es contundente aunque para nada sorpresiva: “La justicia detectó el uso irregular de datos biométricos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y suspendió el sistema de vigilancia facial”.
El reconocimiento facial es un método por el cual la policía de la ciudad de Buenos Aires accede al reconocimiento inequívoco de personas. La legislación permite que la fuerza utilice ese método sólo en casos de personas requeridas efectivamente por la Justicia (comúnmente conocidos como prófugos). El listado de esos requeridos apenas si excedía las 40 mil personas, sin embargo, en los últimos tres años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al mando de Horacio Rodríguez Larreta, reunió los datos biométricos (rasgos conductales, de personalidad, medidas, etc) de más de 7 millones y medio de habitantes. No sólo el derecho a la intimidad se ha vulnerado, más importante es aún determinar para qué se usó ese mecanismo ilegal. Tratándose de quienes se trata (Juntos por el Cambio y su guardia pretoriana) todas las sospechas recaen en el ejercicio de tareas de vigilancia masiva sino de inteligencia interior ilegalmente concebidas conforme lo prescriben las leyes 25520 y su modificatoria 27126.
Así como el espionaje de Macri , la Gestapo de Vidal, y hasta el law fare (tanto del garito sito en Comodoro Py como la versión radical y jujeña de Morales) en este caso, la recolección de datos biométricos de dirigentes y referentes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, jueces, y periodistas por parte del gobierno de Rodriguez Larreta, se transforma en un clásico de la coalición política irónicamente denominada “ Juntos por el Cambio”.
La habitualidad y reiteración en el uso del aparto estatal para desplegar mecanismos de control y acumulación de antecedentes sobre población civil indefensa y comprometida con diversos aspectos de la vida democrática, indica la naturalización en la coalición mayoritaria de la derecha vernácula, la decisión política de apelar al estado de excepción como regla. La apariencia de estado democrático sirve para ocultarlo.
No escapa al lector atento, que mundialmente asistimos a una reorganización hegemónica del sistema capitalista y que estamos inmersos en el mar de los sargazos que nos proponen desde el complejo empresarial-financiero, mediático – político y policial-militar que la conduce. Así, la existencia de derechos queda supeditada a la voluntad y dirección de un verdadero poder concentracionario y disciplinar que ha dejado atrás las repugnantes prácticas totalitarias para ingresar de un modo vertiginoso en la etapa aún más repugnante del poder ilimitado. La Argentina no sólo no es ajena, sino que tiene en estas “representaciones” a sus más conspicuos promotores.
Pero nada es casualidad ni producto de un hecho fortuito. Las prácticas de espionaje y migración de datos en forma ilegal e injustificada, se corresponden con la nueva formulación de lo institucional represivo, con la organización política y con la implementación de valores y representaciones sociales que ven en la vigencia del estado de derecho una clara amenaza al diseño sociopolítico que requiere el proyecto de acumulación capitalista en esta etapa.
Sostenemos que el despliegue represivo del estado es siempre una combinación entre lo legal y lo no tanto. Que esa delgada línea que divide lo autorizado de lo clandestino e ilegal, generalmente se transgrede sin demasiados pruritos y la mayoría de las veces recibe como toda respuesta un manto de olvido o de impunidad. El caso de la desaparición física y posterior asesinato de Santiago Maldonado es un botón de muestra en materia represiva que tiene como responsable al gobierno de Mauricio Macri por el crímen y al de Alberto Fernández por su incumplida promesa de investigación. La coexistencia de redes ilegales y subterráneas con formas propias del estado de derecho es la característica sobresaliente de la etapa. Juntos por el Cambio la expresa de manera desprolija y burda, pero la expresa al fin.
Aún contra todo ordenamiento legal, a la hora de determinar al enemigo interior el gobierno de CABA, considera que, al menos, siete millones de personas son enemigos. Si bien en esa lista existen algunos pocos aliados o simpatizantes de su propia formación política, la naturaleza de la maniobra ilegal es claramente persecutoria respecto a la de la inmensa mayoría restante. Dirigentes sociales y políticos, militantes y simples simpatizantes de fuerzas populares, periodistas y hasta jueces identificados con posiciones garantistas no expresan sino un abanico de cuestionadores de políticas que tienen como destino la profundización de las desigualdades y la acentuación de la crisis.
No puede llamarse a sorpresa o a silencio el Gobierno Nacional, que no titubeó a la hora de requerir el apoyo de Juntos por el Cambio para legitimar el despojo que significa la estafa de la Deuda Externa. No ofrece ninguna duda que este modus operandi se utiliza y seguirá utilizando para reprimir la protesta social que necesariamente se hará oír cuando las consecuencias de ese vil acuerdo se expongan con absoluta claridad. Y allí no se distinguen los presuntos buenos de los malos. De un lado estará el Pueblo devastado, hambreado y con bronca y del otro todos juntos (tanto da que sea para el cambio o no). Conviene repasar lo que dijo Larreta hace apenas cuatro días: “Exijo al gobierno nacional que les quite los planes a la gente que acampa en la ciudad”. Es el responsable político de la maniobra que hoy sale a la luz. No existen las casualidades ni el viento las amontona.
Sólo para organizar y tornar más eficiente y contundente la represión de la respuesta popular se hacen estas cosas. Siete millones de personas es un universo lo suficientemente importante para creer que se trata de un mero ejercicio inocente de cuentapropismo diletante.
