“Señalar al culpable, mantenerlo a distancia, aislarlo, crearle un vacío a su alrededor, separarlo de los ciudadanos de bien que respetan la ley…” Esa reflexión que sobre el castigo esbozara Durkheim, es la letra oculta del protocolo antipiquetes que acaba de publicar el gobierno nacional mediante Resoluciòn 943 del Ministerio de Seguridad.
En sus considerandos -ese capìtulo en dónde quien resuelve justifica y explica la necesidad de su parte dispositiva- la ministra definió para quienes y como quieren gobernar (digo quieren y no “van a” porque confìo aùn en la respuesta popular que se los impida).
Dice la ministra que la situación de los reclamos piqueteros “ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilìcitos en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”.
Ciudadanos de primera y de los otros. Gente de bien y la otra. Pero a esta conclusión no se llega sino como fruto de un proceso cuidadosamente planeado, diseñado y promovido por el ascenso imparable de la cultura neoliberal (mal que le pese al presidente, al perrito o a las fuerzas del cielo que lo inspiran, esto es neoliberalismo al palo). Junto a la concentración de riqueza y al dominio de espacios de decisión en el seno del propio Estado, la clase dominante ha contado con elementos indispensables para desembocar en este nuevo manual de instrucciones represivas que -una vez màs- lleva la firma bruta de Patricia Bullrrich . Sólo entre paréntesis, que quien salió tercera en las elecciones generales decida cómo y quiènes pueden ejercer derechos democráticos suena a estafa. Ya que hablamos de delito…
El proceso represivo requiere de consenso. En democracias formales, procedimentales, mucho màs. Para ello se recurre primero a la desnaturalización (no importa la razón del piquete sino la mirada de quien no puede atravesarlo). Asì, es común observar el micròfono y la imagen sobre los “buenos ciudadanos” que son preguntados de una manera condescendiente y contemplativa mientras que para el improbable caso que se le ponga el micròfono al movilizado, se lo haga con desprecio y prejuicio y para ridiculizarlo o estigmatizarlo.
La demonización es un paso màs. Ahì están los malos del que habla Durkheim. La piel oscura (y no precisamente bruñida por el sol) es una constante, los cuerpos dolientes saturados de grasa y harinas, las dentaduras afectadas por la ausencia de calcio y proteínas, la cabeza lenta que apenas garabatea palabras que cuestan interpretarse. No se nace pobre, se los hace pobres.
En el neoliberalismo, al pobre se le atribuirà desde todos los desmanes y disturbios urbanos hasta el crimen. Se los marginalizarà porque en el Poder, asumen que las desigualdades son daños colaterales. Se tienen que agudizar para que la apropiación de la riqueza se materialice. Entre los gobiernos de Macri y Alberto Fernàndez 101 mil millones de dólares se transfirieron desde los que menos tienen hacia los que màs reúnen y la pobreza fue en ascenso (datos CTA- CEPA Marzo 2023). La tasa de ganancia empresaria es de las màs rentables del mundo. Techint hizo el 41,2% en 2021; el 16,2% en 2022 y el 30,3% en el año que se va (Datos Bolsa de Comercio sobre Ternium del mismo grupo). En paralelo 30% de hogares viven por debajo de la línea de pobreza, allí reside el 40,1% de la población (INDEC). A propósito de delitos, como con la represión, para muestra basta un botón.
Esa marginalización lleva a una de las etapas claves del proceso: la proliferación de leyes, decretos y resoluciones que tienen como finalidad el castigo maquillado de “restablecimiento del orden público”. La CIDH en 2015 ya advertìa que en la Regiòn y desde las estructuras securitarias del Estado, es habitual la recurrencia a esa fraseología vaga y ambigua, que se utiliza generalmente para restringir el ejercicio de derechos legìtimos.
Las consecuencias inhumanas de un modelo económico y social que tiene a la exclusión y a la barbarie como sus estandartes exige dos comportamientos posibles, la resignaciòn o la lucha por superarlas. Asì, se dice que tanto el estado como la tecnología de la que dispone son esencialmente violentos a la hora de establecer su vìnculo con quien ha elegido la segunda opción.
“Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vìas de circulación” es el nombre que la resolución conlleva en su artículo 1ro. Para facultar de inmediato a todas las fuerzas federales y policiales a actuar. Y seguidamente consagra como delito al corte , al expresar que esa actuación “se producirà sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el art 194 del Còdigo Penal de la Naciòn…”
Es necesario detenerse aquí para comprender la perversión que esconde esta concepción delictual del reclamo. El piquete en sì mismo, antes que un delito es un fracaso de la institucionalidad. Si hay piquete es porque no hubo respuesta. Resulta paradojal que esa misma institucionalidad fracasada despliegue ahora su monopólico ejercicio de la fuerza para “despejar totalmente la vìa de circulación”. Eso no es otra cosa que revictimizar. Con la mitad del afán que la institucionalidad vuelca en innovaciones tecnológicas y decisiones de escritorio para revictimizar, la cuestión transitarìa por otros carriles. Pero el único afán que se conoce en el neoliberalismo es el de apropiación de ganancias. En un país que produce alimento para diez veces su población, el piquete para poder comer, no tiene otra explicación, ninguna otra razón de ser que no sea la profundización de las desigualdades. Delito, lo que se dice delito, es muy probable que se cometa desde los mismos despachos en dónde se suscriben estos “protocolos”.
Es de un cinismo inigualable establecer que la concurrencia con niños y/o adolescentes al reclamo dará intervención a las autoridades vinculadas a la niñez. Ese artículo 10 se basa en el “trìptico de la hipocresìa”. Mientras hambrean y reprimen, someten y ningunean, estigmatizan y corrompen dicen “ 1)pobrecitos, 2) yo me ocupo y 3) lo institucionalizo”. Ningùn niño está màs en peligro que en manos de quienes condenan a su grupo familiar al hambre y a la frustración, a la estigmatización y a la represión.
La protesta es el acto democrático por antonomasia. No puede criminalizarse sin afectar la naturaleza misma del presumido estado de derecho. Es un acto en el que quien lo protagoniza ejerce varios derechos a la vez, todos ellos de rango constitucional: el de peticionar a las autoridades, el de la libre expresión entre los que màs destacan. Además, de reconocimiento internacional por lo que dicta el art 13 inciso 2 de la Convenciòn Americana en materia de DDHH.
La propia CIDH ha indicado, que ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta –cuando supone cortar u ocupar parte de una calzada o ruta– entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, “corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático” (CIDH “PROTESTA Y DDHH informe 2019 )
Por eso el protocolo de la Bullrrich viola esos principios al disponer la identificación de los autores, organizadores, instigadores y/o cómplices (art. 6) iniciando de esta forma un proceso de criminalización expresamente prohibido por la legislación vigente. Sòlo judicialmente se atribuyen las calidades y roles participativos. Es lisa y llanamente una disposición tendiente a impedir el ejercicio de un derecho democrático por un medio que aparenta legalidad pero que en verdad despide un tufillo a estado de excepción que ahoga. Ese apartado, como el absurdo de trasladar a las organizaciones el costo del despliegue represivo, no puede sostenerse si no es con la admisión de que el derecho es suplido por la excepción.
Ya en el paroxismo de la persecución, en su art. 12 el protocolo anuncia la creación de un registro de organizaciones que violan esta disposición.
A cuarenta y ocho horas de un paquete de medidas que golpea en la mandíbula de los sectores màs necesitados. A cuarenta y ocho horas de un despliegue ajustador monetario ortodoxo como pocas veces se ha visto. Sin una sola medida que atempere los efectos de semejante mazazo, El PROTOCOLO viene a decirnos que se acabó la era de la indulgencia. Que a la pobreza que regentean, profundizaràn represión y castigo.
Hay abogadas y abogados del Pueblo que están analizando la vìa judicial para impugnar este nuevo ataque contra los pobres, porque la confrontación se da en todos los escenarios posibles. Pero es de esperar que la reacción decante y las calles se pueblen de autores, instigadores, cómplices y organizadores de reclamos genuinos y democráticos. Masivos. Que seamos tantos que la correlación de fuerzas obligue a dejar sin aplicación este procaz manual de instrucciones represivas. En Unidad y con inteligencia. El enemigo no acecha , ya ha soltado a sus animales.
Ismael Jalil. Diciembre 2023.
