Finalmente, el gobierno de los hermanos Milei obtuvo la ley que tiene como objetivo modificar radicalmente la matriz productiva de nuestro país. Una ley entreguista, recolonizadora, hambreadora y negrera. Su aprobación deja muchísimas lecciones que iremos desbrozando en este y en otros artículos. Una de las más importantes es que la ley base, a pesar de sus enormes implicancias para el futuro del país, sigue siendo ajena al conocimiento y al interés de la mayoría de la población. Serían “cosas de la política”, desconectadas de la cotidianeidad de los simples mortales. Se aprobó con soborno, extorsiones y represión como quedó más que claro el 12 de junio. El desalojo violento de la Plaza previo al momento de la votación era una condición para salvaguardar a los senadores cómplices. Pero por afuera del escenario de la protesta y de la represión, a pocos metros, los transeúntes continuaban su vida como si nada, totalmente ajenos a lo que estaba en juego. El 27 de junio el vallado y la militarización del área del Congreso, ordenado por la ministra de represión e inseguridad P. Bullrich inhibieron la participación popular.
La ley que se aprobó es una ley de los ricos, por los ricos y para los ricos. No fue redactada en los ámbitos democráticos del Estado sino en el mayor secretismo, en las oficinas del Estudio Casagne, corporación de abogados de grandes capitalistas. En su publicidad se promociona como un estudio cuya especialidad es: Problemas aduaneros (puertos), Derecho Aeronáutico (Aerolíneas) Ambiental (RIGI) Tributario (Ganancias y Bienes personales, exenciones del RIGI), recursos naturales y energía (minería contaminante. Vaca Muerta, y todo el RIGI) Telecomunicación y Radiodifusión (TV y red de radios públicas).
Desde la oposición, el doble discurso, la ambigüedad rampante de legisladores que en el recinto fustigaban la ley con fogosos discursos y ponían de manifiesto su inconstitucionalidad, para luego terminar votándola, solo aportaron a la confusión de la población. La compra de votos en el Senado y los peores métodos de la “casta”, ilustran la Argentina que viene y cuyo signo no será en absoluto la “libertad de los argentinos” sino la corrupción más escandalosa de los últimos cuarenta años. Sin embargo, como dijera Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
Bien es cierto, que lo que originalmente fue la ley ómnibus, se fue desflecando en el camino como producto de la presión de las organizaciones populares en las calles, pero se ha mantenido su núcleo más dañino. El “mayor ajuste de la historia de la humanidad”, del cual se ufana Milei, es incompatible con el estado de derecho. No puede aplicarse sin pisotear la Constitución Nacional. La masa popular que lo votó sufre cada vez más, día a día, las consecuencias de su decisión. No obstante, aún pesa más el rechazo a los gobiernos anteriores, y en lo inmediato no se les presenta una alternativa superadora. Y eso es responsabilidad de la dirigencia política tradicional, fundamentalmente del peronismo.
La defección de las organizaciones políticas del peronismo y de la CGT, que se retiraron de la plaza apenas comenzó la represión, confirman que, de última, sus direcciones tienen intereses compatibles en más de un punto con la ley bases. Por ello desde el vamos su línea fue la de la espera y hoy es el armado electoral hacia 2025. Ni la mesa hogareña de los trabajadores ni las penurias cotidianas del pueblo están en su agenda. Continúan mirando otro canal. Ellos pueden esperar, el pueblo trabajador no. Por eso debemos actuar ahora, pero con la mirada en el futuro, es decir con sentido estratégico.
Tenemos a favor que la ley base es una ley con pies de barro, podrida desde el origen. Por lo cual no es imposible derrotarla. Pero no debemos sino obturar por todos los medios su aplicación al mismo tiempo que hay que tumbar el DNU que da facultades extraordinarias a un enemigo confeso del Estado que se apresta a gobernar como un monarca. Cuenta para ello con el apoyo complaciente de la mayoría del parlamento con lo cual el rol del Congreso más que decorativo es el de una “casta” que pone a la democracia de rodillas. El Termineitor cuenta con las manos libres para llevarse puestos todos nuestros derechos, incluidos el derecho de huelga, el contrato de trabajo (de hecho se crea la figura del colaborador sin ninguna relación contractual con el empleador), el derecho a la estabilidad ( se extiende el período de prueba a un año) etc.
Las bases populares del peronismo, la izquierda y todos los sectores afectados por esta política hambreadora y entreguista debemos construir unidad, organización y alternativa por abajo más allá de las elecciones. No creemos que este momento dramático del país se supere con un frente ideológico, sino con un frente político y social amplio, popular y diverso, a la medida del enemigo que tenemos en frente. En ese sentido las asambleas populares, si no se las sectariza, pueden ser el germen de una construcción de nuevas mayorías.
Hoy el movimiento popular tiene enormes tareas: luchar por la libertad de los presos del régimen y defender las libertades democráticas, apoyar la lucha contra los despidos que vienen a carradas, y comenzar a discutir qué tipo de país queremos, con qué programa y con qué métodos liberarlo. Que la asamblea sea además una suerte de escuela o semillero de nuevos cuadros con vocación de transformar la realidad. Por eso decimos que hay vida después de la ley base. Porque confiamos en las fuerzas del pueblo, en sus reservas democráticas, en que hará honor a lo mejor de su historia. Vamos por eso.
