El 2 de octubre de 2024 el pueblo se ha movilizado por segunda vez en defensa de la universidad y la educación pública. La participación a lo largo y ancho del país, excedió largamente al componente universitario, es decir estudiantes, profesores, personal no docente etc. Notoria fue la presencia de los jubilados, de los trabajadores de distintos gremios, de las organizaciones sociales y de los partidos políticos democráticos. Y de hecho, la voz popular no solo se expresó en el sentido de la defensa de la educación pública sino en reclamo de todos los derechos que este gobierno desconoce bajo el pretexto de reordenar la economía.
Como lo subrayó el documento final leído al final del acto en Plaza de los Congresos, por la secretaria de la Federación Universitaria Argentina, la ley de financiamiento universitario, con el fin de poder pagar a su personal docente y no docente y solucionar urgentes problemas de mantenimiento, es apenas del 0,14% del PBI y por lo tanto no entraña ningún peligro de desequilibrio fiscal.
La respuesta del presidente fue inmediata. Vetó la ley aprobada en el Congreso y calificó de golpista a la potente demostración democrática y pacífica de la ciudadanía. El 9 de octubre se tratará en el Congreso el veto presidencial para rechazarlo o convalidarlo. En el interín, tal como sucediera con la ley de movilidad jubilatoria, se repetirá la operatoria del gobierno de conseguir los votos necesarios mediante aprietes, sobornos y demás maniobras propias de la casta que dijo que venía a combatir.
Curiosamente, al mismo tiempo que la marcha universitaria, se conoció que la prestigiosa consultora británica Quacquarelli Symonds ubicó a la UBA en el puesto 95° de las mejores universidades del mundo, y en el 9° entre las mejores de América Latina y el Caribe.
Si algo queda claro es que el veto no tiene causas económicas sino profundamente políticas e ideológicas: el objetivo del gobierno es la destrucción de la educación pública, uno de los factores más importantes de movilidad social ascendente. Destruir todo lo público es condición para abrir camino al modelo retro de país neocolonial y decimonónico que se propone el capital más concentrado, al cual sirve la pandilla de Milei en el gobierno.
Que para el presidente esta enorme marcha ciudadana, transversal, democrática, cuyo objetivo es defender un bien y un valor considerado como esencial por la sociedad, merezca el calificativo de golpista, solo refleja su enorme miedo al pueblo y su desconfianza hacia la democracia. Muy frágil debe ser su poder y sus razones para temer la libre expresión y opinión de los ciudadanos.
Y para desmentir al presidente en ese punto, (sería más difícil y fatigoso hacerlo en todos los terrenos en los cuales miente) nos remitimos a la definición de golpe de la Real Academia Española: “actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Aquí no hay actuación violenta ni un grupo que intente apoderarse de los resortes de un Estado. Por el contrario, lo que habría que revisar es la práctica sustitución de la Constitución por un mega DNU con la cual el Ejecutivo está gobernando. La verdad es que golpistas, históricamente, son los sectores económicos cuyos intereses representa el presidente y su pandilla.
Ya desde su preámbulo donde se indica “promover el bienestar general”, nuestra Carta Magna está siendo violada en tanto que Milei gobierna solo para los ricos. Idem cuando releemos los artículos 14, 14 bis y 37 que garantizan el ejercicio de todos los derechos políticos y sociales. La conclusión lógica es que la Constitución está como mínimo intervenida, razón por la cual es apropiado hablar de que vivimos bajo un régimen de excepción.
Si la Constitución es un contrato social y político con carácter de ley que debe asegurar un piso normativo para la convivencia civilizada, ¿Qué sucede cuando un gobierno que apenas ha asumido, despliega un abierto y desembozado ataque a ese contrato? ¿Puede calificarse como “golpista” el expreso deseo de tantos ciudadanos agobiados por la opresión económica, el hambre, la desocupación, el abandono y desconocimiento del Estado de sus obligaciones sociales, que este gobierno se vaya? ¿Qué herramientas tiene el pueblo cuando los partidos que dicen representarlo deciden en su nombre priorizar las variables macroeconómicas sobre los criterios republicanos y constitucionales?
Por eso es que sectores cada vez más extendidos de nuestro pueblo han comenzado a comprender que las luchas por demandas puntuales deben articularse, y que no se trata de cuestiones separadas sino de qué clase de sociedad queremos construir, si una sociedad solidaria, basada en el trabajo equitativamente retribuido, con amplia justicia social o la sociedad darwinista, del sálvese quien pueda, donde el hombre es el lobo del hombre.