¿Qué clase de pacto o compromiso puede haber entre estos sectores que representan lo más conservador y reaccionario de la sociedad argentina y el conjunto de la ciudadanía democrática?
La ministra de educación de CABA, Soledad Acuña suscita nuevamente el repudio a sus declaraciones de “que es tarde para buscar a los alumnos que se desvincularon de la escuela” (…) “ya que se encuentran perdidos en el pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar…” Pero si algo hemos de valorar en sus dichos es la coherencia con declaraciones anteriores, todas hostiles contra docentes y alumnxs y en plena armonía con la política agresiva de la derecha neoliberal. No se trata de exabruptos aislados de una funcionaria sacada. Siguen el mismo curso descalificador que inició su jefe político Mauricio Macri cuando en ejercicio de la presidencia de la Nación se lamentó por aquellos “que tuvieron que caer en la escuela pública”. A esa definición le siguieron otras de parecido tenor. Por ejemplo, cuando el entonces ministro de educación Esteban Bullrich propuso una nueva “Campaña del Desierto” en educación, cuando la entonces gobernadora Vidal arriesgó que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, y más tarde cuando la propia Soledad Acuña afirmó que la “mayoría elige la carrera docente luego de haber fracasado en otras”.
La coherencia entre los dichos y los hechos no puede ser mayor. En CABA, el presupuesto educativo cayó 14,7% entre 2011 y 2020, mientras que su peso en el presupuesto total pasó del 27,5% al 18,6% en el mismo período. (1)
Suspensión del programa Conectar Igualdad en 2018 privó a miles de pibxs de su netbook. (2)
Intento de cerrar 18 escuelas nocturnas debió retroceder ante la resistencia de la comunidad educativa. (3)
En diciembre de 2020, en plena pandemia, el Ejecutivo de CABA con el concurso del Tribunal de Justicia, estableció que para obtener vacante en una escuela pública hay que demostrar que el alumno o alumna se encuentra en estado de vulnerabilidad. (4)
Adriana Puiggrós asevera:”… el conservadurismo neoliberal opone “vulnerabilidad social” a “universalidad”. La educación no es considerada un derecho, puesto que para serlo debe tener el carácter de universal, y en este caso, se restringe a los sectores que son denominados “vulnerables”. En la CABA, de acuerdo al efecto del fallo del TSJ, sólo tienen derecho a exigir una vacante en las escuelas públicas quienes demuestren que son “vulnerables”. (5)
En diciembre de 2021 el ejecutivo porteño establece la obligatoriedad para alumnxs de 5° y 6° año de la secundaria de prácticas laborales obligatorias, no retribuidas, en empresas designadas a tal efecto. (6) La medida fue criticada por los gremios docentes.
Ademys por ejemplo planteó: “Hemos rechazado estas prácticas ya desde 2017 cuando el gobierno pretendió establecerlas con la Secundaria del futuro, entendiendo que la formación del nivel medio debe consistir en una formación integral, con apropiación de conocimientos de múltiples disciplinas, con apropiación de herramientas y metodologías de estudio y de pensamiento crítico que permitan a les estudiantes continuar estudios terciarios o universitarios, comprender su realidad y transformarla o insertarse en el mercado laboral pero con habilidades basadas en el conocimiento crítico y aproximaciones a prácticas profesionales diversas”.
“La propuesta del gobierno de Larreta, que apunta a que lxs jóvenes se constituyan en mano de obra gratuita en trabajos hiper precarizados en los que de ninguna manera se apropien de conocimientos, separándolos además del tiempo de aprendizaje dentro de la escuela, implica un empobrecimiento y vaciamiento de la escuela secundaria que de ninguna manera puede ser aceptado”. (7)
El gobierno de CABA y la derecha en su conjunto ningunean de paso el enorme esfuerzo realizado por lxs docentes durante el primer año de pandemia para garantizar el vínculo pedagógico con lxs alumnxs y cierta continuidad en los aprendizajes. Desconocen de una el trabajo por medios virtuales que realizaron lxs docentes sin ningún tipo de preparación previa ni de apoyo oficial. Cientos de compañerxs caminaron los pasillos de las villas que Acuña estigmatiza, muchxs organizaron la entrega de celulares propios a los pibes y pibas. Esos esfuerzos y esa solidaridad se desarrollaron en comunidades golpeadas desde antes de la irrupción del Covid19 pero donde las mismas libraban silenciosas batallas por el cuidado y la atención a los más necesitados entre los necesitados, sin el mínimo apoyo de las autoridades nacionales ni locales. Recordemos de paso como ejemplo de esas luchas y reclamos a Ramona Medina, referente barrial en las Villas 31 y 31 bis, víctima fatal del virus, quien venía reclamando, sin éxito, a las autoridades la provisión de agua potable para los barrios. (8)
El “Pacto Democrático” y sus límites
En algún momento las fuerzas políticas mayoritarias que hoy se expresan en sendas coaliciones levantaron la figura de un Pacto Democrático, una suerte de acuerdo básico de convivencia en el marco de la república. Hasta el cansancio nuestros políticos han puesto como ejemplo el Pacto de la Moncloa concertado entre las organizaciones políticas españolas para recorrer la transición democrática post Franco. En el caso de Argentina dicho pacto se plasmaba en el Nunca más en referencia a los golpes de estado. Todo puede discutirse menos el orden democrático y el respeto a los derechos humanos. O por lo menos eso queríamos creer. Pero desde la irrupción del macrismo eso ha cambiado. Como planteara Gustavo López: “Existe en el Gobierno de Macri un núcleo duro ajeno desde su historia política al Nunca Más. Sus empresas o sus familias estuvieron ligadas al accionar de las dictaduras por acción o por omisión y siempre en procura de negocios, fin último del lucro empresarial”. (9)
La experiencia indica que la lógica empresarial del máximo beneficio jamás se ha detenido ni lo hará por ninguna clase de pacto . Macri, el más alto exponente de esas empresas y familias de que habla López fue claro al respecto cuando en campaña electoral prometió que venía a terminar con “el curro de los derechos humanos”. Es en esa perspectiva que debemos ubicar las agresivas definiciones de la ministra Soledad Acuña en tanto uno de esos derechos es el derecho a la educación. A caballo de una victoria cultural parcial, transitoria, la derecha considera llegado el momento de hablar con absoluta franqueza, de exponer sin demasiados afeites su verdadero programa, que es de mercantilización de la educación, de exclusión, de discriminación y estigmatización de los sectores populares. ¿Qué clase de pacto o compromiso puede haber entre estos sectores que representan lo más conservador y reaccionario de la sociedad argentina y el conjunto de la ciudadanía democrática?
La educación pública, gratuita, laica, científica, absolutamente perfectible, es una conquista del pueblo argentino a lo largo de muchísimas luchas. No es posible separar ese derecho conquistado del carácter democrático de una sociedad. Por ello no puede haber compromiso ni pacto alguno sobre ese punto. El conjunto de la comunidad educativa, de sus docentes y estudiantes debemos aprestarnos a defenderla con uñas y dientes, y a levantar nuestro derecho a discutir qué educación queremos en un gran Congreso Pedagógico con amplia participación popular.
(3) https://www.cta.org.ar/las-escuelas-no-se-cierran-y-el.html
(8) https://www.youtube.com/watch?v=OW1qlNu8byQ&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblicaNoticias
