Importa y mucho
Escribe Ismael Jalil
Tan distante del “no pasa nada” como del “golpe de estado”, lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura sin embargo revela otra cara de la tensión instalada dentro del sistema de poder (en este caso la cara institucional) con profunda -aunque no percibida- repercusión en la cotidianeidad de nuestro Pueblo.
El Consejo de la Magistratura, es un órgano mixto integrado por representantes de los jueces, abogados, académicos y partidos políticos mayoritarios que designa, controla y remueve a los jueces en general y mediante la administración de recursos gobierna el Poder Judicial.
Hace más de 15 años y hasta hace unos días, esa integración mixta terminó con la otrora designación “política” de los jueces (a instancias del presidente de la Nación con aprobación del Senado) para pasar a depender hoy de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación órgano éste que decretó la inconstitucionalidad de la ley 26080 (después de 15 años valga recalcar) y autodesignó como Presidente del Consejo al actual ministro (y presidente) de la misma Corte, Horacio Rosatti (valga recalcar también ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner). Esa es la razón del escándalo institucional reinante.
Es cierto que la naturaleza de la maniobra llevada adelante por los sectores del poder (en el caso con el mascarón de proa de la Corte) implica una vulneración palmaria a la división de poderes ya que el Judicial asume la condición de legislador al derogar una ley y dictar una nueva norma en su reemplazo. Es cierto además que más allá de explicaciones formales, la maniobra no explica el por qué de la autodesignación e incurre en la llamada “fundamentación aparente” con la que infinidad de veces las instancias superiores del Poder Judicial (incluída la propia Corte) revocan fallos incorrectos. En lo estrictamente técnico y de dogmática jurídica, estas son las dos razones fundamentales que sirven para impugnar la maniobra. Pero políticamente, la cuestión asume otra complejidad.
Desde sectores vinculados al FdT y con el respaldo del prestigioso jurista Zaffaroni a la cabeza, se insiste en que esta maniobra preanuncia la conformación de un golpe blando. Sostienen que se ve afectada la independencia del Poder Judicial ya que ningún juez podría atreverse a dictaminar en contra de intereses poderosos pues quedaría a merced de una medida disciplinaria impuesta por la nueva conformación del Consejo. No es difícil entender que si quien preside el Consejo que trata remociones, es el mismo que resuelve jurídicamente la viabilidad o no de los fallos que llevan a la remoción, la amenaza está implícita. Ponen como ejemplo lo ocurrido con un juez Federal de Entre Ríos que a instancias de otro legislador oficialista ordenó al Congreso de la Nación no legitimar la nueva conformación del Consejo.
La existencia de una amenaza de golpe blando como sostiene el kirchnerismo, está implícita en cualquier maniobra que provenga desde el poder real desde el 10 de Diciembre de 2019. Hay un diseño inclusive anterior, que han desplegado en diferentes países de la región que lo demuestra. Desde el caso Brasil (el desalojo no violento de Dilma Roussef) hasta el concreto golpe en Bolivia contra el legítimo gobierno de Evo Morales sin olvidar los casos de Paraguay con la destitución de Fernando Lugo, o de Honduras con el presidente Zelaya. Integramos una región en que hacia fines del siglo pasado entre el 1 y el 3% del total de la población concentraba (y aún hoy concentra) la mayor parte de la riqueza y el poder. La amenaza de golpe existe siempre que esta relación pueda resultar alterada. No hace falta esperar una maniobra de cortesanos para entenderlo. El problema central radica en creer que las reglas de juego van a ser respetadas. El problema central radica en pensar que el sistema tiene vida propia y que los intereses de los sectores más acomodados corren por cuerda.
Desde los sectores de poder real se han sostenido por lo menos tres posiciones convalidantes de la maniobra. Desde la coalición que los representa institucionalmente (Juntos por el Cambio) con sus naves insignias en materia comunicacional, se atribuye a la ex presidenta CFK un presunto afán de manejo a discreción del poder Judicial, fundada en una preocupación personal por las causas judiciales que afectan a su familia. Los menos procaces, sostienen que es una discusión intrascendente para la cotidianeidad de los argentinos. Los empresarios poderosos en cambio replican el dictamen de la Corte: se debe acatar por una cuestión de seguridad jurídica (hay aquí un indicio muy claro del por qué de la maniobra).
El macrismo se retiró después de chocar la calesita pero sin pagar el más mínimo daño. Por el contrario, lo agigantó a cada paso y sabe que necesita blindar a la Corte para que no le falle en contra. Lo sabe desde la intentona de designación a dedo que no por casualidad tuvo al propio Rosatti como protagonista. Blindar a la Corte implica extender el manto de impunidad que abriga a macristas, radicales y cívicos. Los daños los pagará “su” compañia de seguros, el voto del descontento frente a la decepcionante “jugada maestra” que alcanzó para desplazar al hombre del Fondo pero no al Fondo.
No es casual que la Cámara de Comercio de los ESTADOS UNIDOS en la Argentina, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el oligárquico Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires clamen a coro: “la seguridad jurídica reclama acatar el fallo”. Pero no es la seguridad jurídica en general lo que defienden, sino la que les es funcional.
Cómo se expresaron estos mismos actores frente al congelamiento de precios, a la ley de etiquetado frontal de alimentos, al reciclado de envases, y al acuerdo con el FMI?
Aquí radica la importancia para la cotidianeidad de los sectores populares que advertíamos en el inicio del análisis.
Un Consejo de la Magistratura así como acaba de conformarse, por mano autoritaria y antidemocrática de la Corte, implica un reaseguro frente a cualquier fallo que pudiera siquiera poner en mínimo riesgo a los sectores más poderosos. Un juez dicta un fallo “inconveniente” y queda a expensas ya no de un proceso en el que la Corte oficie como reaseguro jurídico de la legalidad sino como su principal verdugo.
Entre las caras visibles de los lobbystas por el acatamiento pongamos por ejemplo a Luis Guastini, es la cara visible de Manpower Group la empresa de empleo temporario más influyente de la Argentina en la materia. ¿Cómo desandaremos un juicio laboral contra la precariedad que proponen?
Por no hablar de Roberto Murchisson vinculado al negocio portuario y de logística clave en el manejo del negocio importador y de la cadena alimentaria. Cómo progresaría un cuestionamiento judicial frente a una maniobra monopólica de artículos de la canasta básica?
O de Daniel De Nigris, de ExxonMobil que se dedica al manejo íntegro de la cadena energética de gas y petróleo. ¿Quién se atrevería a decretar la improcedencia judicial de un tarifazo?
El problema mayor lo tenemos NOSOTROS. De nuestro lado -aunque vote en contra de sí mismo- existe mucho rascador de olla que justifica esta medida porque el manejo mediático hegemónico es fabuloso. A tanta gente le han ofrecido una versión del mundo no sólo creíble, además conveniente. Dominio más consenso, es una combinación brutal.
Se trata de ir desmadejando y de jugarse a cada rato, lejos de los análisis reduccionistas o fatalistas. Se trata de movilizar para defendernos.
En todo este análisis sobre un aspecto esencial del Poder Judicial jamás mencionamos el término Justicia. “Esa serpiente que sólo muerde a los que van descalzos” según decía San Romero.
Tal vez diferenciando el pie del movimiento empecemos a caminar.
