CLAROSCUROS EN EL DOCUMENTO DE CFK

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La primera impresión al leer el documento es la de un observador objetivo, sin responsabilidad alguna en las acciones u omisiones del gobierno anterior. El lector atento no encontrará en ninguna de las 33 páginas la mínima autocrítica. Resuena insuficiente alegar que el sistema “marcadamente presidencialista” impedía a la entonces vicepresidenta un mayor protagonismo a la hora de promover la corrección del rumbo político cuando era claro que el mismo no iba en la dirección del cumplimiento de las promesas hechas al pueblo. La entonces vicepresidenta no carecía en lo absoluto de poder para ello pues tenía en los ministerios a varios alfiles suyos (Wado de Pedro, Ferraresi entre otros)

La historización de la crisis económica, metodológicamente correcta, no solo recorre nuestra historia reciente, también da cuenta de la posición ideológica de su autora. Acierta cuando desmitifica el relato neoliberal de que las políticas redistribucionistas son causales de la inflación. Resulta ilustrativo el ejemplo de la dictadura cívico militar, donde la ausencia absoluta de libertad sindical y el aplastamiento del salario de los trabajadores no impidió que entre 1976 y 1983 el índice de inflación acumulado alcanzara el 1700%. Pero por otra parte es curioso que los grupos económicos que concentran en sus manos la mayoría de la riqueza del país, solo sean aludidos una sola vez al recordar la estatización de su deuda en dólares en 1982. En su exposición no atribuye a dichos grupos que hoy están detrás del gobierno de Milei, a los cuales habitualmente denominaba como el poder real, ninguna responsabilidad en la generación de la inflación como formadores de precios mediante prácticas oligopólicas.

La decisión de pagar religiosamente la deuda externa ilegítima, odiosa e inmoral, contraída por Macri y Caputo, la presenta como absolutamente ajena a su voluntad. Sin embargo, la posición de CFK ante la firma del acuerdo con el FMI fue en aquel momento ambigua para decir lo menos. En la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner criticó duramente el acuerdo y renunció a la presidencia del bloque, según dijo, para no obstaculizar la estrategia del presidente de construir la mayoría parlamentaria para aprobar el acuerdo. Es difícil luego hablar de un parteaguas con el gobierno de Alberto.

Acierta cuando hace el planteo de la doble vara con la que el actual gobierno describe el rol del estado. Dice que “no deja de resultar contradictorio y muy sorprendente” que el estado se demonice como responsable de la inflación por la emisión en pesos (se supone que para afrontar las necesidades populares) y por otro lado llegue Caputo para endeudarnos en dólares desde ese mismo Estado. Habrá que profundizar este concepto porque es una crítica acertada y muy difícil de contestar para el gobierno de la elite.

En el capítulo de las empresas privatizadas se encarga de salvar su responsabilidad en la privatización de YPF. Nada dice sobre la relación del kirchnerismo con la familia Eskenazi, punto central del devenir histórico de la empresa de bandera. Tampoco menciona la equivocada política energética que llevó a la desintegración de sus equipos técnicos en cada área y que hoy se levantan como las voces más autorizadas frente al descomunal aumento tarifario fijado por la actual administración. Pésima administración de recursos energéticos y de subsidios a los servicios elementales. Nada de esto está en el documento.

Quizás el capítulo más relevante es el de la “actualización laboral” cuya necesidad plantea. Después de apuntar correctamente que hay actividades que deben regularse (trabajo en plataformas, y otras modalidades propias de la época) afirma: “Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse. De lo contrario, el ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas, no es más ni menos que un privilegio”. Esta formulación realizada en el marco del mayor ataque al bolsillo de los trabajadores, cuando estos vienen perdiendo poder adquisitivo en una carrera imposible desde 2016, ya está impactando negativamente en las distintas organizaciones sindicales.

Así mismo, cuando se refiere a la educación pública, se limita a mencionar los problemas que tiene la familia para enviar a sus hijos a la escuela privada. Nada dice sobre las diferencias jurisdiccionales en materia de administración de la educación pública. Que no es lo mismo depender de una jurisdicción pobre que de una rica, nada de la caótica situación edilicia en muchos lugares del país. Tampoco habla de los miserables salarios docentes. Aquí vale recordar que en su momento se enfrentó a los docentes llamándolos “vagos que trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”.

El planteo de una reconversión de las empresas públicas bajo un criterio de asociación “pública y privada virtuosa” se aproxima bastante al que se practica en Chile y altera el concepto tradicional, caro al peronismo, de utilidad pública, y preservación de las áreas vitales de la economía, a través de legislación protectora de los paquetes accionarios priorizando el beneficio social. Introducir, como propone CFK criterios de rentabilidad financiera “para agregar valor y eficiencia” resulta tan disruptivo como riesgoso para los objetivos productivos y soberanos de la empresa pública.

Finalmente insta a la promoción de las inversiones y en paralelo a la simplificación del sistema impositivo (cosa que es acertada porque el actual sistema es inviable y alimenta las bravuconadas neoliberales contra los impuestos). El problema es que si insta a la inversión de grandes capitales transnacionales debe hacerlo mediante la exención de impuestos, por ejemplo. ¿Cómo cierra esto respecto a las PYMES? No encontramos respuesta.

En su relato sobre los modelos en pugna: el industrialista y el neoliberal de valorización financiera, ambos se presentan como antagónicos cuando en realidad, de las casi 4500 leyes que integran el plexo jurídico, alrededor de un millar fueron promulgadas por regímenes dictatoriales, más de 400 de ellas durante la última dictadura. Un claro ejemplo de esto es la ley N° 21526 de Entidades Financieras, dictada en 1977 por Martínez de Hoz, que desreguló la actividad bancaria, descentralizando los depósitos y liberando las tasas de interés. Se favorecieron de este modo los negocios especulativos y la actividad productiva cayó exponencialmente mientras que los niveles de concentración y de ganancias para el sector financiero fueron extraordinarios. Junto a dicha ley hay que recordar el Decreto Ley 21382 de Inversiones Extranjeras (1976) por el cual la dictadura anuló un notable número de regulaciones sobre los capitales extranjeros que ingresaban al país, con lo que la extranjerización de las empresas y la dependencia del país con el imperialismo se profundizó de un modo sin antecedentes. Todas esas leyes siguen vigentes.

Una observación que cae de maduro, es la ausencia del pueblo en todo el análisis. El mismo es mencionado como actor de reparto, parte del decorado, aunque los acontecimientos en que aparece ( bombardeos de Plaza de mayo, el Cordobazo, los fusilamientos de la Libertadora y los de Trelew, los movimientos guerrilleros, el terrorismo de estado con su secuela de detenidos desaparecidos etc.) son más que significativos en la historia de nuestro pueblo,  para CFK no superan el rango de “ruidos”. No parece casual que no haya una mención siquiera marginal al levantamiento popular de diciembre de 2001, del cual el kirchnerismo es hijo dilecto. Tampoco hay la mínima alusión a la formidable movilización popular contra el DNU y la ley Ómnibus que fue gravitante en todo lo que sucedió en el recinto del Congreso Nacional. Tampoco alude al infame y represivo protocolo antipiquetes de Bullrich.

Si algo parece claro es que CFK no le habla ni a la militancia, ni a “los pibes para la liberación” ni al pueblo. Se dirige a las clases dominantes, y aunque no hay una propuesta clara, los lineamientos generales del documento parecen encaminarse hacia una fórmula de compromiso. La ex vicepresidenta habla como una mujer del partido del orden, garante de la gobernabilidad, de salvamento del sistema. Inclusive, al aceptar debatir en términos caros al neoliberalismo, lo que está reflejando, es que para ella, la salida a la crisis solo puede ser por derecha. Las masas influidas por el peronismo junto a otros sectores, han hecho a lo largo de la historia reciente una riquísima experiencia de lucha. Los desafíos son enormes, pero también, si es verdad, como creemos, que toda crisis ofrece una oportunidad, el camino a transitar hacia una patria liberada del imperialismo y el capitalismo, verdaderamente independiente, implica en el marco de la acción mancomunada, una deliberación profunda, honrada y fraternal.   

Este análisis fue elaborado por Ismael Jalil y Brian Maghnani, integrante de CORREPI y docente universitario derecho UBA.

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