Los detenidos desaparecidos, que no son patrimonio de ningún partido político sino de todo el pueblo, no lucharon por reformas parciales dentro del capitalismo sino por una nueva sociedad, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad socialista.
En el marco de la ofensiva mundial de las derechas, en la Argentina asistimos a una rabiosa campaña negacionista del terrorismo de estado, de la cantidad de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y de insistencia en la teoría de los dos demonios.
El período de gobierno de Macri acentuó esas tendencias, descalificando la lucha de los organismos de derechos humanos, hablando del “curro” de los derechos humanos etc. Ese ataque no se limitó a la faz discursiva, amplificada por los medios hegemónicos, sino que se dobló la apuesta. por ejemplo, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas presos con el régimen del 2X1, frustrado por la inédita movilización popular de repudio. La estigmatización y criminalización de la protesta social, deliberada y caprichosamente incorporada al concepto más general de la “inseguridad” sirvió para plantear la “doctrina Chocobar” promovida por Macri y Bullrich, y conferir a las fuerzas de seguridad licencia para matar incluso por la espalda, como fue el caso del joven mapuche Rafael Nahuel o el asesinato del joven futbolista Lucas González a manos de la policía de la Ciudad al cual se intentó plantar un arma.
Hoy ha recrudecido la represión al movimiento social en las provincias gobernadas por JXC. En Mendoza han sido detenidos jóvenes luchadores de la Unidad Piquetera y en Jujuy, el gobierno de Morales repartió palos y gases contra familias que reclamaban nombramiento de personal y por problemas edilicios en las escuelas de frontera, pero también el gobierno “nacional y popular” chaqueño de Capitanich reprimió a las comunidades wichis que reclamaban por la desaparición del joven Salustiano Giménez.
Herederos de la dictadura
El quiebre del llamado pacto democrático, si alguna vez existió tal cosa, es más que evidente, por eso el “Nunca Más” está sometido a revisión. Si hoy Macri no tiene empacho en declarar que tiene claro lo que tendría que hacer en la faz económica en un próximo gobierno de su signo (“haríamos lo mismo, pero más rápido”), el programa de reforma laboral, previsional, de privatizaciones y de restricción de las libertades y derechos sociales y sindicales, es el programa que efectivamente aplicó la última dictadura. Son los intereses de siempre de los enemigos históricos del pueblo argentino.
El grupo Macri que en 1973 era propietario de solo 7 empresas salió de la última dictadura con 47 empresas, se benefició con la estatización de la deuda privada y compró nada menos Fiat-Sevel. No siendo el único, Macri representa fielmente la clase empresarial que promovió el golpe de estado de 1976 y fue parte activa del genocidio. Por lo tanto, no extraña a nadie sus condolencias a la familia de Pedro Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, corresponsable del “Apagón” de 1976 donde fueron desaparecidos numerosos trabajadores y que murió impune a los 93 años. Quizás es lo que más hace falta remarcar cuando se enseña la fecha en las escuelas: el nexo indivisible entre dictadura y poder económico, la necesidad del capital más concentrado de ajustar cuentas sin ahorrar una gota de sangre, a una clase trabajadora en ascenso para así sepultar por varias décadas cualquier intento de transformación social.
Hoy los golpes de estado parecieran haber dejado atrás la variable militar y se dan utilizando las presiones económicas, el poder de los medios hegemónicos y un poder judicial absolutamente obediente. Lo cual no excluye la violencia, tal como lo hemos visto en los casos de Bolivia y de Perú.
Una Corte Suprema siempre a favor de los poderosos
Por qué lucharon nuestros detenidos desaparecidos
Nuestro país se ve nuevamente sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Macri endeudó al país por varias generaciones en condiciones absolutamente irregulares, sin que la aprobación del pedido de préstamo pasara por el Congreso Nacional, y violentando también las prescripciones del propio organismo internacional. Como nunca quedó blanco sobre negro que dicho préstamo no tenía una motivación económica sino política: lograr la reelección de Macri por razones geopolíticas caras a EE.UU. Lamentablemente el actual gobierno convalidó esa deuda inmoral, impagable y odiosa por medio de un acuerdo cuyo cumplimiento prioriza sobre el bienestar de nuestro pueblo. De modo más o menos vergonzante todas las corrientes internas del Fde T sin excepción, siguen la misma política de sometimiento al FMI. En esa perspectiva, hay que remarcar que los detenidos desaparecidos, que no son patrimonio de ningún partido político sino de todo el pueblo, no lucharon por reformas parciales dentro del capitalismo sino por una nueva sociedad, una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad socialista.
Por ello, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, para que por fin el Estado abra y desclasifique los archivos que permitan conocer el destino final de nuestrxs compañerxs, es una lucha irrenunciable que debemos dar en todos los terrenos. Contra la propaganda de la derecha que insta a olvidar o “superar” el pasado, sin memoria, verdad y justicia no hay futuro posible ni democracia que merezca ese nombre. Hoy nos estamos dirigiendo a paso redoblado hacia un régimen de excepción bajo la dictadura descarnada del mercado que viene por nuestros recursos naturales y la hipoteca de nuestro futuro como nación. Por eso hay que ganar las plazas y calles del país el 24 de marzo. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos: Presente, ahora y siempre.
